FERNANDO GIRALDO GUTIÉRREZ
Magistrado Ponente
AC6997-2014
(Aprobado en sesión de cuatro de septiembre de dos mil catorce)
Bogotá D.C., catorce (14) de noviembre de dos mil catorce (2014).
Se decide a continuación sobre la admisibilidad de la demanda presentada por el contradictor para sustentar el recurso extraordinario de casación interpuesto frente a la sentencia de 4 de marzo de 2013, proferida por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla, dentro del proceso ordinario de Congregación de Hermanas Franciscanas Misioneras de María Auxiliadora Clínica La Asunción contra el Fondo Pasivo Social de Ferrocarriles Nacionales de Colombia.
ANTECEDENTES
Como la intermediaria quedó adeudando las sumas cobradas, éste último es solidario en el cumplimiento de las obligaciones, de conformidad con el artículo 67 de la Ley 715 de 2001 (folios 1 al 12, cuaderno 1).
Soportó la decisión como sucintamente se expone (folios 27 al 46, cuaderno 4):
Adicionalmente, «la Ley 100 de 1993 autorizó a los Fondos, para la prestación de los referidos servicios», el Decreto 205 de 2003 señaló que pertenecía al Ministerio de Protección Social y el Decreto 489 de 1996 lo autorizó para seguir prestando los servicios de salud «en los términos establecidos en el Capítulo II del Decreto 1890 de 1995».
CONSIDERACIONES
Así lo precisó la Sala en autos de 16 de agosto de 2012 y 12 de julio de 2013, rad. 2009-00466 y 2006-00622-01, al exigir que
(…) sin distinción de la razón invocada, deben proponerse las censuras mediante un relato hilvanado y claro, de tal manera que de su lectura emane el sentido de la inconformidad, sin que exista cabida para especulaciones o deficiencias que lo hagan incomprensible y deriven en deserción, máxime cuando no es labor de la Corte suplir las falencias en que incurran los litigantes al plantearlos.
Además, «en atención a lo dispuesto en los pliegos de condiciones numerales 3.1. y demás apartes pertinentes, se reitera que las partes que conforman la Unión Temporal Mediservir U.T., responderán solidariamente por el incumplimiento total del contrato a ejecutar» y su Director era quien definía «las condiciones contractuales y comerciales del vínculo jurídico a celebrar con los subcontratistas», por lo que ellas eran las únicas obligadas a los pagos incumplidos.
Esos documentos «no ligan de ninguna manera al demandante con mi mandante, difieren en muchos de sus elementos a un negocio jurídico de compraventa».
Esa exigencia no quiere decir cosa distinta a que se especifique cuál de las causales del artículo 368 ibidem es la que se configura y en qué consiste la anomalía que da lugar al quiebre del fallo, dentro de las particularidades que exige cada uno de ellos, sin que se cumpla esa labor con la exposición de simples inconformidades con lo resuelto o el replanteamiento del litigio, puesto que no se trata de una nueva instancia o una etapa adicional para alegar.
En esta oportunidad los ocho (8) folios que conforman la argumentación del inconforme y que sólo tienen un título «de los hechos», con seis ordinales, nada dice del trámite procesal. Tampoco propone un solo motivo de inconformidad de los que expresamente consagra el referido artículo 368, ni cuenta con un planteamiento lógico y ordenado que dilucide alguno de ellos.
Es así como no acusa la infracción frontal o indirecta de normas sustanciales, la inconsonancia del fallo, resoluciones contradictorias, que en segunda instancia se le hizo más gravosa la situación al apelante único o la existencia de alguna nulidad no saneada que afecte lo actuado.
Si bien se citan varias normas y se reproduce su contenido, no se especifica si fueron infringidas, inaplicadas o indebidamente interpretadas, ni siquiera se revela una equivocación manifiesta del juzgador al valorar los medios de convicción o un desvío del camino trazado por las partes con sus escritos.
Quiere decir que los argumentos del censor no constituyen un solo cargo o la confluencia de varios, debidamente estructurados, sino que corresponden a la exposición de razones de inconformidad frente a lo resuelto, sin discutir de una manera integral y sistemática el pronunciamiento del Tribunal, como si se tratara más de un alegato de instancia.
Es más, en algunos párrafos se cuestiona la calidad de títulos ejecutivos de las facturas que se allegaron como prueba documental y, en otros, se hace hincapié en la «inembargabilidad de las rentas y recursos incorporados en el presupuesto general de la Nación, sobre los cuales recae la medida de embargo». Tales elucubraciones, propias de un trámite de cobro coercitivo, son completamente ajenas a la acción ordinaria de que se trata, cuyo fin era precisamente crear un título ejecutivo contra quien se considera obligado solidariamente a pagar unas sumas de dinero insatisfechas.
La Sala tiene dicho que, por la “naturaleza excepcional, extraordinaria y eminentemente dispositiva del recurso de casación”, éste “comporta en la normatividad procesal civil una especial atención por parte del legislador a los requisitos formales de la demanda que lo sustenta”, de manera que su admisión resulta improcedente cuando quiera que el recurrente soslaye, obvie, desatienda u omita “las exigencias estatuidas. Es así como entre los requisitos del libelo impugnaticio, resultan en extremo relevantes para el asunto que ocupa la atención de la Corporación, los contenidos en el numeral 3° del artículo 374 del Código de Procedimiento Civil, con arreglo al cual para la admisión de la demanda han de exponerse ‘los fundamentos de cada acusación en forma clara y precisa’, pues la propia naturaleza del medio de impugnación impone a la Corte el moverse sólo dentro de los estrictos límites demarcados por la censura (…), requisito que se explica porque no es el litigio mismo la materia sobre la que opera el aludido recurso extraordinario -pues en tal caso constituiría una tercera instancia, no prevista por la ley- sino la sentencia impugnada, a efectos de que por la Corte se decida, dentro de los límites trazados por la demanda de casación, si esa sentencia se ajusta a la ley sustancial, o, en otra hipótesis, a la procesal” (auto de 19 de enero de 2009, exp. 11001-3103-004-2002-00192-01).
Y en AC de 12 de mayo de 2009, rad. 2001-00922-01, expuso que
Desde los mismos inicios del recurso extraordinario de casación en Colombia (1886) hasta la fecha, La Corte Suprema de Justicia, con fundamento, desde luego, en la Constitución y la ley, como en la facultad y las atribuciones que le corresponden como máximo órgano judicial ordinario, ha asentado claras reglas en torno a los requisitos, tanto de forma como de técnica, que debe cumplir este excepcional mecanismo de impugnación. Por ello, a partir de su naturaleza y características, así como de lo previsto en los Decretos 522 de 1988 y 2651 de 1991; de leyes como la 446 de 1998 y, claro está, de lo regulado en el Código de Procedimiento Civil, ha habido una constante línea jurisprudencial sobre la labor que debe acometer el recurrente para lograr que su reproche sea considerado en el fondo del asunto (…) Así, como es sabido, al momento de su sustentación, su promotor debe cumplir un mínimo de formalidades tal cual lo demandan los artículos 374 del Código de Procedimiento Civil y 51 del Decreto 2651 de 1991, adoptado como legislación permanente por el artículo 162 de la Ley 446 de 1998, exigencias respecto de las cuales estableció diversas pautas encaminadas a fijar el alcance de las disposiciones evocadas. Esa orientación, precisamente, determina que el escrito a través del cual se pretende fundamentar el recurso, debe observar, de manera ineludible, dichos requerimientos, pues es palpable que apartarse de ellos, tal cual ha sido establecido, genera la deserción de la censura (…) En síntesis, la Corte inadmitirá la demanda de casación por ausencia de requisitos formales, cual lo regula el artículo 374 del Código de Procedimiento Civil.
DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casación Civil,
RESUELVE
Primero: Declarar inadmisible la demanda y, en consecuencia, desierto el recurso de casación interpuesto en el proceso de la referencia por el Fondo Pasivo Social de Ferrocarriles Nacionales de Colombia.
Segundo: Devolver por la Secretaría el expediente al Tribunal de origen.